Las 14 claves de la reforma educativa de Wert
Cambio del modelo lingüístico, más alumnos por clase, colegios
menos democráticos, blindaje de la escuela segregadora por sexo, mayor
cuota del sector privado y supresión de Ciudadanía son algunas de las
polémicas reformas
El
borrador de la reforma de la ley de Educación
presentado por el ministro José Ignacio Wert a las Comunidades
Autónomas, y que se ha desarrollado sin diálogo ni consenso con la
comunidad educativa, ha provocado innumerables debates sobre el modelo
lingüístico. Sin embargo, este apartado, muy político, ha eclipsado
otros puntos peliagudos y trascendentes de una legislación que a veces
recuerda demasiado al modelo educativo de épocas ya superadas. Estos son
los cambios más relevantes y polémicos de la nueva normativa, que
supondrán un coste de casi 60 millones de euros poner en marcha y que
este jueves han sacado a miles de personas a la calle en toda España.
1. Declaración de intenciones en el prefacio
En la
LOE
se definía la educación como “el medio de transmitir valores, renovar
la cultura (...) fomentar la convivencia democrática, el respeto a las
diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la
discriminación (...) para lograr la cohesión social. (...) Es el medio
más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática,
responsable, libre y crítica”.
En el borrador del anteproyecto de ley de la
LOMCE
en su quinto párrafo apunta más bien a la educación como medio para
crear ciudadanos empleables y capaces de competir en el libre mercado:
“El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir
con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los
desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los
ciudadanos (...) supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de
alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento
económico y por un futuro mejor”.
2. Agentes privados en la regulación pública
La LOMCE incluye una definición de lo que es el “Sistema Educativo
Español” en la que, curiosamente, las familias y asociaciones de padres
no han sido incluidas, pero sí los agentes privados, a los que se les da
capacidad reguladora, lo que podría interpretarse como una puerta a la
privatización efectiva del sistema de enseñanza. Dice así: “El conjunto
de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de
regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación
en España y sus beneficiarios”.
3. Suprime ciudadanía y da más horas de religión
La nueva norma elimina Educación para la Ciudadanía y aumenta la carga
horaria de Religión e incluye una asignatura alternativa, Valores
Culturales y Sociales, equiparándola a la media del resto de las
materias, lo que en la práctica puede suponer una hora semanal más de
esta materia. Estas dos decisiones las tomó de acuerdo con la
Conferencia de Episcopal, inquieta por el
descenso de alumnos que escogen estudiar religión, que en la última década ha bajado casi un 10%.
4. Modelo linguístico
Se elimina la inmersión lingüística, que llevaba 30 años en marcha en
algunas comunidades con lengua cooficial, al establecer un mínimo de
materias en las dos lenguas oficiales. Además se establece que las
administraciones regionales podrán dar un trato diferenciado a la lengua
cooficial respecto al castellano “en una proporción razonable” sin que
ello suponga la “exclusión del castellano”.
Otro
de los asuntos que indignan a las administraciones con lengua
cooficial es que la lengua se considera una materia no troncal, sino
específica, al mismo nivel que la Educación Física, aunque es una
asignatura específica y obligatoria para todos los alumnos.
También se plantea que las familias puedan elegir la lengua que desean
para sus hijos: tanto castellano como la lengua cooficial. Y aquí
llega uno de los asuntos más polémicos: obliga a las administraciones a
hacerse cargo de la escolarización en castellano en colegios privados
en los casos en los que los padres lo reclamen y la administración no
lo esté ofreciendo en esa determinada zona.
5. Más dinero y autonomía para la excelencia y especialización
La nueva norma incluye un artículo en el que ofrece mayor autonomía y
más recursos económicos a los centros que pongan en marcha proyectos
educativos competitivos tendentes a la especialización, y que luego
rindan cuentas sobre ellos con evaluaciones anuales. Para ello deben
apostar por proyectos sobre: “Especialización curricular, la excelencia,
la formación docente, la mejora del rendimiento escolar, la atención
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la
aportación de recursos didácticos a plataformas digitales”, según la
norma. Estos centros podrán incluso seleccionar a su alumnado en
función de su rendimiento académico en las enseñanzas obligatorias “con
hasta un 20% de la puntuación asignada”.
6. Acceso a la universidad
Eliminada la selectividad, correrá a cargo de las universidades gran
parte del peso de la selección de su alumnado. Tendrán que tener en
cuenta su nota de Bachillerato (un 60% como mínimo), las calificaciones
obtenidas en las materias de bachillerato relacionadas con lo que quiere
estudiar, la formación complementaria, y si tiene estudios relacionados
con la carrera que se quiera estudiar (FP de grados superiores, o
estudios universitarios previos). También pueden establecer
procedimientos de selección y evaluaciones específicas
7. Conciertos educativos más largos y en más etapas
Los conciertos amplían su duración y pasan de cuatro años a seis en
Primaria, con carácter general. Pero la nueva redacción prevé que además
existan conciertos en otras etapas postobligatorias (bachillerato), que
hasta ahora no estaban previstos en la ley. Estos nuevos conciertos
durarán cuatro años, y además se permitará que un concierto con un mismo
titular pueda servir para varios centros.
8. Blindaje a los conciertos de los centros que segregan por sexo
La anterior ley no permitía discriminar al alumnado por su sexo y
varias sentencias dieron la razón a las comunidades autónomas que
retiraron sus conciertos a centros educativos que segregaban a su
alumnado por sexo, como Cantabria o Andalucía. Por eso la nueva norma
incluye un artículo que blinda este tipo de escolarización. En el
apartado 3 del artículo 84 especifica: “No constituye discriminación la
admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por
sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo
dispuesto (...) por la Unesco (...). En ningún caso, la elección de la
educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias,
alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una
desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones
educativas o en cualquier otro aspecto”.
9. Colegios menos democráticos y un director profesional
La figura del director cobra muchísima más relevancia en los centros
escolares. Han de pasar por un proceso de formación y acreditación del
Ministerio, que les ofrece una mayor autonomía si demuestran “que los
recursos públicos se han administrado eficientemente y apuntan a una
mejora real de los resultados”. Pasan a ser además algo así como
gestores de Recursos Humanos: pueden contratar o vetar a un determinado
profesor, establecer los méritos para cubrir un determinado puesto por
un interino, o vetar alguno de los candidatos si lo justifican.
El claustro de profesores deja de ser el responsable primordial de la
elección del director y cobra mucho más peso la Administración en esta
elección. También el Consejo escolar pierde peso a la hora de decidir.
Además, el Consejo pierde poder en el centro, deja de ser un órgano
decisivo, y pasa a serlo meramente consultivo. Ya no puede aprobar, ni
decidir (han sido eliminadas específicamente estas funciones del
redactado de la ley) y debe limitarse a “evaluar” e informar.
10. Nueva Formación Profesional: FP básica y dual
La ley crea una nueva Formación Profesional Básica para alumnos de 15 a
17 años que tras haber cursado el primer ciclo de ESO no logren pasar a
cuarto. Es gratuita y parte de la enseñanza obligatoria. Desde ella se
podrá pasar a la FP de grado medio, y de ahí a la FP de Grado Superior
“y se completa con materias optativas orientadas a los ciclos de grado
superior y al tránsito hacia otras enseñanzas”.
Además, crean una nueva FP Dual, que permite hacer prácticas y recibir
formación en empresas, simultaneando trabajo y estudios. Esta FP ha sido
duramente criticada por el ex director general de FP del anterior
Gobierno, Miguel Soler, que considera que en la práctica “sólo servirá
para cubrir puestos de trabajo que requieren una mayor cualificación con
estudiantes a cambio de sueldos que no llegarán al salario mínimo”, ya
que la mayoría de las PYMES no tienen capacidad para destinar a personal
a la formación del alumnado.
11. Más control del Ministerio en los contenidos
Se aumentan los porcentajes de contenidos controlados por el
ministerio. Si en la LOE el Ministerio controlaba el 65% de las
enseñanzas mínimas en los currículos, y el 55% en las comunidades con
lengua cooficial, ahora la norma establece que “los contenidos comunes
requerirán el 65 % de los horarios escolares para las Comunidades
Autónomas que tengan lengua cooficial y el 75 % para aquéllas que no la
tengan”. Mientras que hasta ahora los centros eran los encargados de
velar por los contenidos comunes, la nueva norma atribuye esta función a
las administraciones educativas que “desarrollarán los contenidos
comunes y podrán establecer directrices pedagógicas, reconociendo cierto
grado de autonomía a los centros educativos”. Aunque introduce un guiño
a determinados centros concertados con un modelo pedagógico propio:
“Los centros educativos dispondrán de autonomía para diseñar e implantar
métodos pedagógicos propios, de conformidad con las directrices que, en
su caso, establezcan las administraciones educativas”.
12. Ratios más altas y profesores sin oposición
Además, la ley permite que se aumente por sistema la ratio de las aulas
(número de alumnos por profesor) un 10%, masificándolas cuando la
demanda así lo requiera. Además permitirá que las comunidades contraten a
docentes sin hacer la oposición, como es el caso de los profesores
nativos para las clases de inglés que Esperanza Aguirre contrató en
Madrid el curso pasado.
13. Nuevos-viejos nombres de asignaturas
Cambia la denominación de varias asignaturas, para volver a llamarlas
como en la antigua EGB (en vez de Conocimiento del Medio, Ciencias
Naturales por ejemplo); en 4º de ESO se implanta la asignatura de
Economía y se le da la misma relevancia que a Latín o Biología. Además,
se introducen dos categorías de asignaturas: las troncales y las
específicas, y a partir de bachillerato la configuración de asignaturas
pasa a ser sumamente específico y se modifican las vías para elegir,
desapareciendo tecnología y dejando únicamente cuatro: Ciencias,
Humanidades, Ciencias Sociales y Artes.
14. Reválidas, ránkings y competitividad entre escuelas
Aunque la LOE ya incluía diversas evaluaciones del sistema para
trabajo interno de los centros e impedía específicamente en su
enunciado utilizar los resultados para hacer clasificaciones de
centros, la nueva norma propone justo lo contrario dar a conocer
públicamente estos resultados: “Las Administraciones educativas
publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes ponderados
en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del
contexto en el que radiquen”, recoge. En concreto, se elimina la
selectividad pero se incluyen otros tres exámenes o reválidas que
diseñará el Ministerio de Educación y que se realizarán dentro del
centro escolar, aunque los responsables del examen serán externos: el
primer examen será al acabar 6º de Primaria (de lengua, matemáticas,
ciencia y tecnología), el segundo al acabar 4º ESO (de materias
troncales y una materia especifica por cada curso; contará un 30% para
la nota media de la Secundaria), y el tercero al final de Bachillerato
(todas las troncales, y una específica por curso; la nota de esta
prueba contará un 40%).
